Indicadores de secreto financiero

El Índice de Secreto Financiero (FSI) es un ranking de jurisdicciones basado en una combinación entre una medición cualitativa (el Puntaje de Secreto Financiero, basado en 20 indicadores de secreto financiero) y una medición cuantitativa (el Peso a Nivel Global para dimensionar el tamaño de cada centro financiero offshore). El Puntaje de Secreto Financiero y el Peso a Nivel Global son combinados aritméticamente con una fórmula especial –el puntaje de secreto financiero de una jurisdicción elevado al cubo es multiplicado por la raíz cúbica de su peso a nivel global- para dar lugar al valor final, que es utilizado para elaborar el ranking del FSI. Más detalles sobre nuestra metodología están disponible acá.

A continuación se describen los veinte indicadores de secreto financiero que utilizamos para evaluar las jurisdicciones. Haga click en cada uno para una descripción detallada del indicador. Debajo de este listado hay una breve presentación de cada uno.

Secreto bancario Registro de fundaciones y fideicomisos Registro de propiedad de las compañías Registros de propiedad para otros activos Transparencia de las sociedades en comandita simple Propiedad de las sociedades comerciales Estados contables de las sociedades comerciales Informes país-por-país Divulgación de los impuestos sobre sociedades Identificador Global de Entidad Jurídica (LEI, en inglés) Capacidad de la administración tributaria Impuesto a la ganancias / renta de las personas físicas consistente Evita promover la evasión fisca Secreto en el Tribunal Fiscal Estructuras legales dañinas Estadísticas públicas Prevención del lavado de dinero Intercambio automático de información Tratados bilaterales Cooperación legal internacional

Recuadro: “¡Fueron injustos con mi país!” Existe la posibilidad de que el FSI sea atacado desde las jurisdicciones del secreto. A continuación reproducimos los los cuestionamientos más habituales y ofrecemos nuestras respuestas genéricas. “Están vapuleando a…“ (p. ej. “Están vapuleando a Suiza”)   Respuesta: No, no estamos haciéndolo. “Vapuleamos” a todos. Antes de realizar esa acusación te invitamos a leer, por ejemplo, los informes sobre el Reino Unido y Estados Unidos. “Hemos atravesado una revisión por pares de abc que dice que olemos a rosas”   Respuesta: No utilizamos los “estándares internacionalmente aceptados” como referencia. Nosotros queremos que las cosas mejoren y, por lo tanto, ponemos la vara más alta. Mala suerte. “No tuvieron en cuenta nuestra última reforma xyz”   Respuesta: En la mayoría de los casos esto se debe a que tenemos una fecha de corte muy precisa para la recolección de datos (finales de septiembre de cada año). De esa forma podemos comparar a los países de forma justa. No hacemos salvedades ni ofrecemos tratos preferenciales. Además, lo más probable es que esas reformas no tengan un efecto sobre el ranking de su país ya que el resto de los países también están mejorando. Igualmente, no tenga dudas que vamos a contemplar las reformas en el FSI 2020. “No hay ningún dato.”   Respuesta: Puede ser que se esté enfocando en los informes narrativos. Esos documentos ofrecen historias políticas y económicas. Debe consultar los informes de la base de datos.

Un breve comentario sobre cada indicador de secreto financiero

Nuestros 20 indicadores de secreto financiero pueden agruparse en cuatro dimensiones del secreto, que en cierto punto se superponen. Estas son: A) registros de propiedad; B) transparencia de las personas jurídicas; C) integridad de los impuestos y la regulación financiera; y D) estándares internacionales y cooperación.

Los resúmenes de abajo esquivan muchos matices; si no está de acuerdo con la evaluación de una jurisdicción asegúrese consultar la explicación detallada de cada indicador disponibles más arriba antes que los resúmenes de abajo.

A: Registros de propiedad

Puede existir una diferencia significativa entre el propietario legal de un activo y su beneficiario final. Básicamente, el beneficiario o beneficiarios finales son los humanos de sangre caliente que en última instancia controlan o tienen el poder para disfrutar del activo y/o los beneficios derivados de ese activo. Con frecuencia, el propietario legal es una persona o personas: por ejemplo un fideicomisario de un fideicomiso es técnicamente el propietario legal de los activos del fideicomiso, pero puede ser que solo administre los activos del fideicomiso bajo órdenes precisas; el fideicomisario no puede obtener beneficios personales del fideicomiso (más allá de los honorarios por los servicios prestados).

Indicador 1: Secreto bancario

Mide hasta que punto la información relevante sobre el beneficiario final de las cuentas bancarias es registrado, verificado y conservado por las entidades, y si esta información se comparte con las autoridades locales para permitir el intercambio de información. Estos datos deben estar disponibles sin demasiados obstáculos en el camino (tales como una orden judicial). Es más, no deberían existir penas de prisión para la violación del secreto bancario y las grandes transacciones deberían ser informadas de manera rutinaria a un agencia gubernamental.

Indicador 2: Registro de fideicomisos y fundaciones

Evalúa hasta que punto la jurisdicción recaba y publica en un registro central online los detalles sobre las distintas partes vinculadas a fideicomisos y fundaciones privadas. Como puede ser muy difícil determina con precisión quién es el beneficiario final de una estructura legal, exigimos que estos registros revelen todas las partes relevantes de estos arreglos. Alternativamente, no todas legislaciones de las jurisdicciones contemplan la creación de fundaciones privadas, que es creado como si las fundaciones fueran completamente transparentes.

Indicador 3: Registro de propiedad de las compañías

Este indicador evalúa si una jurisdicción exige que todas las sociedades de responsabilidad limitada presenten ante una autoridad competente al momento de su constitución información sobre los propietarios legales y/o beneficiarios finales. Y, reclama que los datos se mantengan actualizados. Este indicador no contempla si esta información es de acceso público.

Indicador 4: Registro de propiedad de otros activos

Este indicador evalúa la transparencia sobre la propiedad de los inmuebles y los activos valiosos almacenados en zonas francas. En materia de los inmuebles, chequea si la jurisdicción exige la publicación, gratuita o mediante el pago de una tarifa, de los de los beneficiarios finales y/o propietarios legales. Sobre las zonas francas, analiza si una jurisdicción ofrece y promueve zonas francas (o espacios similares como depósitos fiscales) para almacenar activos valiosos e interroga si requiere la registración y el intercambio automático internacional de la identidad de los propietarios legales y/o beneficiarios finales

Indicador 5: Transparencia de las sociedades en comandita simple

Como integra dos aspectos sobre la transparencia de las sociedades en comandita simple, este indicador se ubica entre la sección A (registros de propiedad) y la B (transparencia de las personas jurídicas). En materia de los beneficiarios finales y/o los propietarios legales, evalúa si la jurisdicción exige que todos los tipos de sociedades en comandita simple publiquen quiénes son sus dueños online de manera gratuita o mediante el pago de una tarifa. Sobre los balances anuales, chequea si todas las sociedades en comandita simple deben presentar sus balances anuales ante una autoridad gubernamental y están obligadas a ponerlas disponibles en la web de manera gratuita o mediante el pago de una tarifa.

B: Transparencia de las personas jurídicas

Además de la registración de la información necesaria ante las autoridades públicas, la disponibilidad de esos datos para el público general es esencial para garantizar que los jugadores más poderosos, como las corporaciones multinacionales y las elites globales, rindan cuentas. La información sobre los propietarios, la estructura y la contabilidad no solo importa a los inversores sino que también es relevante para un público más amplio. Hacer que estos datos estén disponibles online permite el acceso oportuno a información precisa para periodistas de investigación e investigadores, y asegura un clima de negocios más predecible y transparente.

Indicador 6: Propiedad de las sociedades comerciales

Este indicador evalúa si una jurisdicción exige a todos los tipos de sociedades de responsabilidad limitada que publiquen información actualizada sobre los beneficiarios finales y/o propietarios legales que puede ser consultada de manera gratuita o mediante el pago de una tarifa. Este indicador solo evalúa empresas que no cotizan en un mercado bursátil público.

Indicador 7: Estados contables de las sociedades comerciales

Este indicador evalúa si una jurisdicción requiere a todos los tipos de sociedades de responsabilidad limitada que entreguen sus balances anuales ante una autoridad gubernamental y que estén disponibles online para ser consultados de manera gratuita o mediante el pago de una tarifa.

Indicador 8: Informes país-por-país

Este indicador mide si se exige a las empresas cotizantes en los mercados bursátiles o incorporadas en una determinada jurisdicción que presenten públicamente su información financiera bajo la forma de informes país-por-país.

Indicador 9: Divulgación de los impuestos sobre las sociedades

Este indicador aborda dos aspectos de las reglas sobre la divulgación de los impuestos sobre las sociedades de una jurisdicción. Respecto a los informes país-por-país, y la Acción 13 del BEPS de la OCDE, evalúa si la jurisdicción garantiza su acceso a los informes de cualquier empresa multinacional con operaciones locales y más de 750 millones de euros en facturación consolidada. Respecto a los “tax-rulings” trasnacionales unilaterales, el indicador evalúa si todos son publicados online de manera gratuita o, si por lo menos, algunos están disponibles mediante el pago de una tarifa.

Indicador 10: Identificador Global de Entidad Jurídica

Este indicador analiza hasta qué punto una jurisdicción requiere a las personas jurídicas que utilicen un Identificador Global de Entidad Jurídica (LEI, por sus siglas en inglés). El sistema global LEI fue desarrollado bajo la guía del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y suministra un número único para la identificación de las personas jurídicas que realizan operaciones financieras. A veces etiquetada como una tarjeta de negocios global para personas jurídicas, todas las empresas registradas en cualquier país pueden solicitar y utilizar un LEI.

C: Integridad de los impuestos y la regulación financiera

Varios factores institucionales o estructurales alientan comportamientos económicos dañinos a todo el mundo. Por ejemplo, cuando una administración fiscal no cuenta con los medios para aplicar las legislación tributaria se estimula una cultura del incumplimiento. Si una jurisdicción tiene criterios indulgentes de residencia y ciudadanía en materia fiscal, esto puede impulsar a que los no residentes simulen la residencia para seguir evadiendo impuestos al frustrar el intercambio automático de información. Finalmente, la disponibilidad de billetes de alta denominación ofrece a su tenedor medios de pago anónimos.

Indicador 11: Capacidad de la administración tributaria

Este indicador considera la capacidad de la administración tributaria de la jurisdicción para recabar y procesar información para investigar y, en última instancia, cobrarle impuestos a aquellas personas y corporaciones que tienen los medios para escaparse de sus obligaciones tributarias. Este indicador evalúa la capacidad organizacional, las condiciones para el procesamiento de información así como la existencia de reglas para la realización de tareas de inteligencia sobre las actividades complejas y riesgosas de elusión fiscal.

Indicador 12: Consistencia del impuesto a las ganancias / rentas de las personas físicas

El indicador analiza si la jurisdicción aplica un sistema de impuesto a las ganancias de las personas físicas compatible con los sistemas de impuestos a las ganancias (progresivos) que usan la mayoría de las jurisdicciones alrededor del mundo, o si sus leyes contienen criterios laxos de residencia y ciudadanía, y si la legislación del impuesto a las ganancias tiene un alcance limitado; resultando en sumideros de secreto financiero financiero para evasores y criminales. Se analizan de manera conjunta dos dimensiones del marco legal de una jurisdicción, si el sistema del impuesto a las ganancias de las personas físicas es exhaustivo y si el status de ciudadanía o residencia puede ser adquirido contra una inversión pasiva o un pago.

Indicador 13: Evita promover la evasión fiscal

Este indicador considera si la jurisdicción facilita la evasión fiscal y promueve la competencia fiscal a través del tratamiento previsto para las ganancias de capital en su legislación impositiva. El indicador evalúa si una jurisdicción incluye las ganancias globales de capital en su base tributaria y si ofrece deducciones unilaterales sobre impuestos externos pagados sobre ciertas ganancias de capital en el exterior. Los tipos de capital contemplados son los intereses y el pago de dividendos.

Indicador 14: Secreto en el Tribunal Fiscal

El indicador evalúa la apertura del sistema judicial en materia tributaria de la jurisdicción. Analiza, para eso, dos aspectos relevantes. Respecto a la apertura de los procesos judiciales civiles, administrativos y criminales en materia tributaria evalúa si el público tiene siempre la posibilidad de asistir a los procesos completos y no puede ser obligado a retirarse cuando una de las partes invoca el secreto bancario, fiscal o profesional, ni cualquier otra regla similar. En lo referido a la publicidad de las sentencias o veredictos, el indicador evalúa si todas las decisiones escritas vinculadas a los procedimientos civiles, administrativos y criminales en materia tributaria se publican online de manera gratuita o contra el pago de una tarifa.

Indicador 15: Estructuras dañinas

El indicador evalúa la existencia de cuatro instrumentos y estructuras dentro del marco regulatorio de una jurisdicción. Con respecto a los billetes de alta denominación, el indicador analiza si la jurisdicción emite billetes con un valor superior a los 200 €/£/$. Sobre las acciones al portador, evalúa si es posible crear empresas con acciones al portador no registradas. En lo referido a las empresas de células protegidas o sociedades de responsabilidad limitada en serie, el indicador considera si una jurisdicción permite la creación de tales compañías. Finalmente, respecto a los fideicomisos, el indicador evalúa si la jurisdicción prohíbe la administración de fideicomisos con clausulas de escape (bajo legislación local o extranjera) para cualquier fideicomisario dentro de su territorio.

Indicador 16: Estadísticas públicas

El indicador mide el grado en el que una jurisdicción pone a disposición del público diez paquetes de datos relevantes sobre sus finanzas internacionales, intercambio comercial, flujos de inversiones y posición fiscal.

D: Estándares internacionales y cooperación

La globalización financiera implicó a los países una creciente necesidad de cooperar y compartir información sobre los contribuyentes de cada uno, si pretenden vigilar y gravar de manera efectiva a sus ciudadanos y criminales. Algunos mecanismos de cooperación son bilaterales, al tiempo que muchas iniciativas multilaterales están en marcha o en preparación. La investigación de esta sección hace uso de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y considera los acuerdos multilaterales y estándares globales desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y las convenciones de las Naciones Unidas.

Indicador 17: Prevención del lavado de dinero

Este indicador examina hasta qué punto el régimen de prevención de lavado de la jurisdicción no cumple con las recomendaciones del GAFI, el organismo internacional creado para combatir el lavado de dinero.

Indicador 18: Intercambio automático de información

Este indicador evalúa cuatro aspectos: (1) si la jurisdicción firmó el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes que provee el marco legal multilateral para implementar el intercambio automático de información conforme al Estándar Común de Reporte de la OCDE; (2) con cuántas jurisdicciones se intercambia información bajo el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes; (3) hasta qué punto existen obstáculos para el intercambio efectivo de información, (4) en qué medida está mejorando la transparencia y el empleo del intercambio automático de información y (5) si una jurisdicción participa de un proyecto piloto para asistir a los países en desarrollo.

Indicador 19: Tratados bilaterales

Este indicador examina hasta qué punto una jurisdicción estableció 10 vínculos de intercambio efectivo de información bajo el estándar “a pedido” desarrollado por la OCDE y el Foro Global. El número de 108 proviene de la cantidad de jurisdicciones (108, a noviembre de 2019) que se adhirieron al Amended Council of Europe / Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (“Convención Fiscal”) que habilita el intercambio de información a pedido entre pares de países adherentes.

Indicador 20: Cooperación legal internacional

El Indicador Clave de Secreto Financiero mide hasta qué punto la jurisdicción participa de los compromisos internacionales en materia de transparencia y se involucra en la cooperación legal internacional sobre el lavado de dinero y otros delitos. Mientras que el primer aspecto considera la adhesión de la jurisdicción a acuerdos como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003 o el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de las Naciones Unidas de 1999; el segundo punto evalúa la cooperación bajo los parámetros del GAFI, incluidos aspectos como la asistencia legal mutua y los pedidos de extradición vinculados al lavado de dinero.