¿La era del secreto bancario ha terminado?
La respuesta para esta pregunta es un rotundo y resonante: No. Sin embargo, existen algunos avances.
El G20 se comprometió a combatir a los paraísos fiscales durante la cumbre de Londres, celebrada en abril de 2009. “La era del secreto bancario ha terminado”, sentenció la declaración oficial. Los líderes del G20 mandataron entonces a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club de los países ricos, para que haga algo al respecto. Los líderes del G20 mandataron entonces a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club de los países ricos, para que haga algo al respecto.
¿Qué tan serios eran? Dado que la mayoría de las jurisdicciones del secreto son países ricos miembros del G20 y la OCDE, se garantizó extrema cautela para avanzar. Entonces, ¿fue una promesa vacía para continuar con el funcionamiento normal del negocio? Bueno, podemos decir que el vaso está medio lleno.
Aunque al principio hubo escasas acciones concretas, con el tiempo la indignación pública ante el desarrollo de la crisis financiera global y el surgimiento de una nueva clase de campañas por justicia fiscal en muchos países, forzó a que los líderes comiencen a tomar en serio los temas.
En junio de 2013, una declaración de los líderes del G8 en el Lago Erne en Escocia respaldó de manera oficial el principio de intercambio automático de información (vea nuestro sitio web -en inglés- dedicado a este tema), un concepto impulsado durante mucho tiempo por Tax Justice Network. Aunque la declaración estaba desprovista de cualquier detalles y planteaba muchos interrogantes nuevos; lentamente, detrás de escena, comenzaron a suceder cosas.
En febrero de 2014, la OCDE realizó su primera presentación del nuevo estándar global para el intercambio de información. El Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) ofrecía un sistema amplio y técnicamente sólido para el intercambio automático de información, aunque tenía bastantes defectos graves y presentaba restricciones para que accedan los países en desarrollo.
Estados Unidos, por su parte, ha desarrollado su propio programa mediante la ley de cumplimiento tributario para cuentas extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés). El problema con esa legislación es que, si bien también es técnicamente sólida, establece un sistema unilateral para el intercambio de información. El programa está diseñado para obtener información sobre los contribuyentes estadounidenses en el exterior limitando el flujo de información que se intercambia en la otra dirección. De esa manera, como explica nuestro nuestro informe especial (en inglés), Estados Unidos sigue siendo un paraíso fiscal al tiempo que debilita ca cooperación internacional.
Para noviembre de 2019, 105 países firmaron el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, aunque no todos los firmantes intercambian información con todos los demás.
Estos acuerdos pueden moderar “el secreto bancario”, pero bajo ningún aspecto van a eliminarlo. Por un lado, el CRS tendrá una cobertura limitada: no solo Estados Unidos que es un jugador recalcitrante en los esquemas internacionales, sino que muchos otros países como Suiza o Bahamas presentan reparos a la hora de definir con quiénes van a compartir información al mismo tiempo que ponen todo tipo de obstáculos en el camino.
A esas dificultades se suman los defectos y zonas grises del CRS que además necesita ser respaldados con estadísticas y registros públicos de compañías, fideicomisos y otro tipo de entidades y estructuras que son utilizadas habitualmente para garantizar el secreto. Existe el riesgo de que, a medida que aumenta la presión sobre el secreto bancario, las empresas fantasma y el intercambio de información, parte de estas actividades se desplace hacia el resbaloso terreno de los fideicomisos, donde se existen pocos avances serios en materia de control y regulación.
Otra escapatoria que debe abordarse es garantizar que los acuerdos de intercambio de información cubran a laos criptomonedas, dado el aumento de éstas, como los bitcoins. El CRS permite que cada jurisdicción decida si las empresas de criptomonedas estarán cubiertas o no. Si los bitcoins y otros criptoactivos no se consideran dentro del alcance del CRS, cualquiera que intente evadir el CRS podría fácilmente retener y transferir bitcoins en lugar de usar una cuenta financiera con un banco comercial. Si bien muchos tipos de activos no están cubiertos por el CRS (por ejemplo, bienes raíces, oro y otros activos bienes tangibles), los bitcoins y las criptoactivomonedas similares permiten mucha más movilidad que los activos bienes tangibles y, por lo tanto, los exponen a mayores riesgos de abuso con fines ilícitos transfronterizos.
La evidencia muestra que el intercambio automático de información está reduciendo el número de activos en el extranjero. En 2019, el Fondo Monetario Internacional publicó el documento “Tesoro escondido: el impacto del intercambio automático de información sobre la evasión fiscal transfronteriza”, la cual concluyó de la siguiente manera:
Sobre la base de los datos de los depósitos bilaterales de 39 países informantes y más de 200 jurisdicciones de contrapartida, se observa que los recientes marcos de intercambio automático de información redujeron los depósitos de propiedad extranjera en las jurisdicciones offshore en un promedio del 25%. Este efecto es estadísticamente significativo y, como se esperaba, mucho mayor que el efecto del intercambio de información previa solicitud, que no es significativo.
El caso de Suiza
Una mirada al caso suizo puede ser reveladora. La ley que garantiza el secreto bancario, establecida originalmente en 1934, se mantiene firme en su lugar y, recientemente, Suiza ha juzgado a algunos arrepentidos (“whistleblowers”, en inglés), mediante lo que parecen ser mecanismos extrajudiciales, blandiendo esta ley como garrote. Como explica nuestro informe especial sobre Suiza (en inglés), la decisión del país de participar en el CRS ha incrementado significativamente su transparencia. Sin embargo, Suiza ha realizado todo tipo de excepciones y, como suele suceder, excluye a los países en desarrollo más vulnerables.
En resumen, el “secreto bancario” y otras formas de secreto financiero gozan de buena salud.
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