¿Por qué modificamos los indicadores?

Los tiempos cambian y el FSI necesita adaptarse.

En la edición del Índice de Secreto Financiero de 2020, ha habido algunos pequeños cambios cinco indicatores, y un nuevo criterio consistente con el Índice de Guaridas Fiscales Corporativo en dos indicadores. Para más información, véase la metología. El Índice de Secreto Financiero 2018 incluyó cambios metodológicos fundamentales, los cuales son explicados en la parte de abajo. 

Entre enero y marzo 2016, Tax Justice Network emprendió una consulta abierta sobre la metodología del FSI sobre la metodología del Índice de Secreto Financiero con sus interlocutores entre enero y marzo de 2016. La encuesta fue respondida por 136 individuos entre los que figuran expertos, usuarios y funcionarios públicos de las jurisdicciones evaluadas. Las respuestas llegaron desde 49 países que van desde miembros de la OCDE a los pequeñas islas que funcionan como centros financieros. Respondieron preguntas sobre qué indicadores conservar (incluidos aquellos que no integran el puntaje de secreto financiero; por ejemplo, si la evasión fiscal es constituye un delito preexistente), cuáles sumar y cuáles modificar. Evaluamos todas las respuestas teniendo en cuenta nuestro propios recursos para poder desarrollar las propuestas y analizamos si las fuentes de información existían. Por ejemplo, si bien pensamos en incluir un indicador para incluir los mecanismos de protección para los arrepentidos (“whistleblowers”, en inglés), la ausencia de información comparable nos impidió incorporarlo como uno de los Indicadores Claves de Secreto Financiero.

Hay muchos ejemplos sobre por qué los indicadores necesitaron cambiar en 2018 y por qué se sumaron nuevos (puede consultar la nueva metodología acá). Tomemos el caso de los registros de beneficiarios finales de las empresas. Mientras que este indicador siempre fue evaluado, no fue sino hasta 2015 que comenzaron a observarse avances significativos. Para 2018 no era suficiente sólo con verificar si los beneficiarios finales de las empresas se registraban o no, sino que las mejoras observadas en algunos países, en particular de la Unión Europea, nos permitió diferenciar entre tipos de requisito de registro, si los países usan un estándar bajo o alto en la definición de ”beneficiario final”, o si tienen una cláusula especial para senior managers, en caso de que un beneficiario final no sea identificado.

Algo similar sucedió con las fundaciones, y así el indicador se volvió  más detallado. De la misma forma, los países comenzaron a ofrecer información sobre los dueños en formato de datos abiertos. Esto debía quedar reflejado en nuestros indicadores “online”, dado que contar con datos abiertos (gratuitos, legibles por una máquina, etc.) es mejor que ofrecerlos sólo de manera gratuita (por ejemplo, puede ser gratuito pero tratarse de una foto de un documento no legible por una máquina).

El intercambio automático de información es otra área en la que ha habido muchos desarrollos. En 2015 solo sabíamos cuáles países se habían comprometido a implementar el Estándar Común de Reporte. En 2018 y 2020, conocemos cuántos países firmantes del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes optaron por el “secreto voluntario” (previsto en el Anexo A del acuerdo), o si impusieron condiciones adicionales y cuántas relaciones activadas mantienen, y en qué medida está fomentando la transparencia y el uso de datos del intercambio automático de información.  

En cuanto a los nuevos indicadores incorporados en 2018, nos dimos cuenta que el puntaje de secreto no cubría todos los riesgos de transparencia. Las asociaciones, por ejemplo, fueron evaluadas en 2015 pero sin ser tenidas en cuenta para el puntaje de secreto financiero, aun cuando pueden ser utilizadas para ocultar la identidad de un individuo, similar a las compañías. El ocultamiento de los propietarios de los inmuebles y los activos almacenados en zonas francas son aspectos importantes del secreto financiero que ahora están cubiertos por lo indicadores.  

¿Elegimos nuevos indicadores de la edición previa del Índice de Secreto Financiero (2018) para manipular los resultados? 

Incluso si quisiéramos hacerlo, es técnicamente imposible. El Índice de Secreto Financiero es un proyecto de investigación enorme cuyo resultado es desconocido antes de completarse. La mayoría de los cambios fueron decididos en 2016. Anunciamos públicamente muchos de los indicadores nuevos a comienzos de 2017. A fin de conocer de antemano todos los resultados implica que sabíamos cómo sería clasificada cada una de las 112 jurisdicciones en 2018 o 133 jurisdicciones en 2020, incluso cuando gran parte de la información no estuvo disponible sino hasta entrado 2017 (por ejemplo, algunos países de la Unión Europea recién presentaron sus nuevas legislaciones sobre beneficiarios finales después de mediados de año y el Foro Global publico sus nuevas revisiones por pares –una de las fuentes más importantes para algunos de nuestros indicadores- recién en octubre de 2017 y 2019).  

Para darle una idea sobre el trabajo que implica evaluar una parte de un indicador podemos decir que; por ejemplo, en el caso de secreto bancario se deben revisar entre 20 a 30 páginas de la revisión por pares para cada jurisdicción y, en algunos casos, informes adicionales. Debemos leer escritos legales y, cuando tenemos dudas, debatir entre nosotros, revisar las leyes o consultar a expertos locales. Esto lo hacemos, ¡con cada una de las jurisdicciones! Toma su tiempo. Recién conocemos el lugar en el ranking, como máximo, tres meses antes de la publicación del Índice de Secreto Financiero. Y, en esta oportunidad solo fue con cuatro semanas de anticipación (tardamos más de un mes en diseñar los informes, realizar revisiones cruzadas, elaborar el material para la prensa, etc.).  

Para manipular el ranking del Índice de Secreto Financiero a través de la incorporación o remoción de indicadores, también deberíamos considerar el otro componente de la fórmula: el Peso a Nivel Global. En ese caso, necesitaríamos haber conocido desde 2016 como iba a cambiar la participación en el mercado de servicios financieros offshore de cada país, información que el FMI recién publicó en el transcurso de 2017 y 2019.